La administración recuerda que los derechos de las personas consumidoras en este periodo son aplicables también a las compras realizadas por Internet, ante el previsible aumento de las compras online por este motivo.
Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso de las TIC en los hogares españoles, casi 20 millones de personas ha adquirido productos y servicios online en los últimos tres meses, siendo la ropa, el calzado y los accesorios los productos que más se adquirieron (7,2 puntos por encima que en 2020).
Ante ello, Consumo, y en este caso, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Quintanar de la Orden advierte de que tanto las políticas de pago, como las de devolución y garantías, deben mantenerse en ambos canales durante este periodo de rebajas en las mismas condiciones que el resto del año (tarjeta, efectivo ….) y mantener los mismos plazos de devolución.
En las compras online, además, existe el derecho de desistimiento: un plazo de 14 días en los que se puede devolver el producto sin necesidad de alegar motivo alguno ni asumir coste.
Respecto a las garantías, desde el 1 de enero, ya son tres los años durante los que las empresas están obligadas a reparar o sustituir el producto o servicio adquirido por el cliente en caso de disconformidad.
Durante las rebajas, cuya fecha de inicio y fin debe estar publicitada de forma visible, los establecimientos tienen las siguientes obligaciones:
Etiquetar los productos rebajados de forma clara y diferenciada del resto, incluyendo el precio original más el reducido o el porcentaje de descuento. No ofertar como productos rebajados aquellos que tengan taras o sean defectuosos. Disponer de stock suficiente de los productos.
Los consumidores deben de conservar el ticket o factura de la compra, para ejercer cualquier derecho de devolución o ejecución de garantía.
En caso de que se produjeran conflictos, se recomienda acudir a los servicios de Consumo de las CC.AA., a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de los ayuntamientos o a las juntas arbitrales de Consumo. El sistema arbitral es un mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para consumidor y empresa, que facilita y agiliza la protección de los derechos de las personas consumidoras y se trata de un sistema gratuito.
